Los expertos docentes de los centros propios de formación para el empleo de Asturias iniciarán movilizaciones en la próxima semana ante lo que consideran la «inminente privatización» de los servicios que prestan por parte del Principado de Asturias. Tras varios meses de negociaciones con las consejerías de Educación y Ciencia y de Administraciones Públicas, el Gobierno regional ha decidido romper relaciones laborales con estos profesionales después de años de contratos por servicio y obra. Por el momento, muchos parados se han quedado sin cursos de desempleo, a pesar de que ya están programados.
El conflicto se inició hace unos meses, cuando los docentes exigieron al Principado que sus contratos pasaran a ser indefinidos en virtud de la conocida como «ley Caldera», que obliga a que todo empleado adquiera esta categoría si ha trabajado 24 de 30 meses para una determinada empresa o administración. Fue entonces cuando se iniciaron los problemas. En un principio, responsables del Gobierno regional acordaron con los afectados ofrecerles contratos como fijos discontinuos. Esto supondría que el Principado siempre debería contar con los mismos profesores aunque éstos pasaran varias temporadas en el paro.
Sin embargo, hace dos semanas, responsables de la Consejería de Administraciones Públicas comunicaron a los 65 afectados que finalmente habían decidido no realizar más contratos. Una situación que ha paralizado todos los cursos de desempleo de los cuatro centros públicos que existen en la región -Gijón, Oviedo, Avilés y Langreo- a la espera de una solución.
Según aseguraron ayer representantes de este colectivo, esta solución sería la externalización del servicio. Esto supondría la contratación por parte de la Administración autonómica de empresas encargadas de impartir los cursos. Una situación que ya se da en la actualidad de forma paralela al servicio público. «Esto implicaría una situación injusta para nosotros, después de años de servicio», aseguró ayer Manuel Ángel González, uno de los perjudicados. Además, considera que este cambio no garantizaría la calidad formativa que existe en la actualidad. «Los docentes que trabajamos en centros públicos tenemos que cumplir ciertos requisitos de formación que a los que están en empresas privadas no les exigen», manifestó ayer González.
Noticia en La Nueva España
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