El Principado tiene paralizados fondos destinados a cursos de formación para desempleados por importe de más de trece millones de euros. La entrada en vigor de una nueva legislación sobre formación parece que cogió a la Administración asturiana con el pie cambiado, justo cuando la región alcanza grandes cifras de parados y las fuerzas políticas y sociales destinan su principal trabajo a tratar de minimizar el impacto del desempleo.
La gestión de estos fondos corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia, que hasta ahora organizaba los cursos través de entidades colaboradoras, entre las que se tenían especial protagonismo los principales sindicatos y la patronal, así como en cuatro centros públicos ubicados en Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo. Un noventa por ciento de los fondos eran entregados a esas entidades colaboradoras, que organizaban libremente los cursos.
La interventora general del Principado, Margarita Marroquín, advirtió el pasado año al Gobierno regional que debía modificar el sistema empleado hasta ese momento y por el que también se financiaban a sindicatos y patronal los cursos de formación. Ello obedecía a dos modificaciones legales que impiden dar subvenciones directas.
La ley obliga ahora a adjudicar mediante subasta pública la formación para el empleo, en aras a una mayor transparencia e información. Por este motivo, los técnicos de la Consejería de Educación tuvieron que proceder a modificar a toda prisa el sistema de convocatoria de los cursos y fuentes de la citada consejería señalaron que la nueva documentación no podrá estar lista hasta el mes de marzo, como mínimo. Mientras tanto, los cursos se encuentra paralizados desde enero.
Interventora
Docentes de Formación para el Empleo denunciaron hace unos días que los cuatro centros públicos de la región tenían paralizada su actividad. La Consejería de Educación explicó que «se trata de un retraso por un problema administrativo», y anunció que los cursos se reanudarán en marzo. Este periódico intentó entonces conocer la opinión del consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, y éste señaló que «esos cursos no corresponden a mi consejería y desconozco por qué han tomado esa decisión, pero sí lo han hecho es que deben tener poderosas razones para ello».
La Consejería de Educación explicó, por su lado, que «una norma nacional y otra europea obligan a que la formación ocupacional y la formación continua se fusionen a partir de 2009 y por eso ha habido que cambiar la normativa y la convocatoria de de los cursos». Un portavoz de la Consejería de Economía señaló que la interventora general se limitó a cumplir con su trabajo al advertir sobre la entrada en vigor de la nueva normativa.
En este sentido, señaló que «el día uno de enero de este año entró en vigor el denominado programa operativo comunitario, que regula la concesión de estas partidas con destino a cursos de formación, así como que desde noviembre de 2008 está en vigor un decreto ley que unifica la formación continua y la formación para el empleo, lo que también requiere un importante cambio en la concesión de estas partidas.
Noticia en El Comercio
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