Los diputados regionales del Partido Popular (PP) Emilio Rodríguez y José Ramón García Cañal culparon ayer a Paloma Sainz, directora general de Empleo en 2003 y desde la elecciones locales de 2007 portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, de los problemas que existen con los fondos destinados a los cursos de formación para parados y trabajadores en activo. Debido a lo que el Gobierno asturiano considera «un error administrativo», la mayor parte de los cursos para desempleados sigue en el aire a la espera de que el Principado ponga en marcha las convocatorias de los fondos destinados a los cursos. Parados y profesores siguen a la espera. Pero para el PP, en palabras de ambos parlamentarios, «la falta de cursos de empleo en el Principado no se debe a errores administrativos, como ha dicho el Gobierno, sino al incumplimiento de la ley de subvenciones de 2003». Según Emilio Rodríguez, el retraso «se debe a la exigencia de la Intervención General del Estado de que la convocatoria debe ser pública tal y como establece la ley, de ahí la urgencia del Gobierno del Principado en adaptarse a la normativa, ya que en la mayoría de las subvenciones (con la que entidades, fundamentalmente privadas, financian los cursos) la concesión que se ha realizado ha sido de carácter directo». Desde 2003, según Rodríguez, gran parte de la concesión de los cursos se asignó «a dedo», lo que supone una ilegalidad en el cumplimiento de las bases durante seis años. Todo esto se resume, concluyen los diputados, en una situación de «opacidad y fraude de ley». Emilio Rodríguez y José Ramón García Cañal culparon directamente a Paloma Sainz, ya que «era la encargada de adaptar la ley a las subvenciones». De ahí que soliciten responsabilidades políticas a Sainz «por la grave situación creada». José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación, negó las acusaciones de la oposición conservadora. «Este Gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad en el asunto de las subvenciones de los fondos de formación ocupacional», ya que es a partir de marzo de 2008 «cuando es obligatoria la concurrencia competitiva».
Noticia en La Nueva España
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