El Principado adjudicó cursos de parados «a dedo» por 200 millones, según el PP

El Principado adjudicó «a dedo» cursos de formación para parados por importe de 200 millones de euros (más de treinta y tres mil millones de pesetas) en los últimos seis años, según aseguró ayer el grupo parlamentario del Partido Popular en la Junta. El consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, de quien depende la organización de estos cursos, lo desmintió rotundamente y aseguró que «cumplimos con la legalidad».
Los diputados regionales del PP Emilio Rodríguez y Ramón García Cañal afirmaron, en una rueda de prensa, que el Principado incumple desde el año 2003 la Ley de Subvenciones, en la que se señala que las concesiones de estas ayudas deben realizarse «por el procedimiento de concurrencia competitiva». Riopedre, sin embargo, mantiene que «a partir de marzo de 2008 es cuando se hace obligatoria la concurrencia competitiva y, desde entonces, nosotros cumplimos la ley».
Los cursos de formación a parados, la antigua formación ocupacional continua, se encuentran bloqueados en estos momentos por «un problema administrativo», según dijo un portavoz de la Consejería el pasado mes de febrero cuando este periódico hizo público el asunto por primera verz. El Principado aseguró posteriormente que los cursos se reanudarán a mediados de este mes.
La versión del PP dista mucho de la oficial. Según aseguró Emilio Rodríguez, «los cursos no están paralizados por errores administrativos sino por el incumplimiento sistemático de la ley. Lo que llaman error administrativo es, en realidad un fraude de ley en la organización de unos cursos que se nutren de fondos europeos».
«Mucho dinero»
Rodríguez y García Cañal explicaron que «en Asturias siempre hubo una opacidad total y falta de transparencia en la adjudicación de estas subvenciones millonarias, que superan los 60 millones de euros al año. Sin embargo, y al tratarse de ayudas europeas, el interventor general del Estado y no la interventora general del Principado, que da el visto bueno a todo, intervino y pidió al Gobierno regional que se atuviera a la legalidad». También explicaron que «la consejería de Educación hizo oídos sordos y trató de organizar los cursos de 2009 de nuevo por el viejo método, pero el día 20 de diciembre recibió una advertencia contundente del interventor y no tuvieron más remedio que ponerse a toda prisa a modificar el sistema. Por eso los cursos están ahora paralizados, algo que es escandaloso en una región con más de 73.000 parados».
Ramón García Cañal dijo que de los sesenta millones presupuestados al año, veinte están bien justificados. Son los destinados a formación ocupacional en los cuatro centros públicos del Principado, cuyos expertos docentes fueron los que destaparon el problema al quedar fuera del programa, (entre tres y cuatro millones) y, el resto, a subvenciones justificadas. García Cañal indicó que, «sin embargo, los cuarenta millones de euros restantes se gestionan con una opacidad total y absoluta a través de los llamados contratos programa, convenios, o adjudicaciones directas a dedo desde la Consejería, a las entidades que resulten agraciadas. Son 40 millones al año desde 2003 y eso es mucho dinero».
Sobre el destino de estas subvenciones, el diputado del PP no quiso profundizar en el asunto, aunque dijo que «no sólo van destinados a sindicatos y patronal, sino también a otros organismos, fundaciones y asociaciones que estamos investigando».
En todo caso, Cañal ironizó que «ahora nos explicamos por qué dicen que el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA) está tan bien engrasado».

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