Ante las continuas mentiras y desbarajustes de la Administración del Principado denunciamos:
Que los centros de titularidad pública no hay ningún decreto que diga que son centros colaboradores públicos, como ayer dijo la consejera Ana Rosa Migoya.
Que la consejería que comanda Ana Rosa Migota, bajo una acción dictatoria, propia de otras épocas, y sin publicidad de lamisca, este año es el primer año que ofertan dichos centros de formación ocupacional, a empresas privadas para que realicen en los mismos la función formativa que siempre ha venido realizando al Administración del Principado.
Ante estos desmanes sólo nos queda pedir por inepta la dimisión de Ana Rosa Migoya.
No contentos con esta actitud, actúan de policías políticos, al estilo de la KGB, marcándonos de tal manera, que no permitirán que participemos en dicha formación bien como autónomos ni contratados por otra empresa que se dedique a la formación y que oferte para realizar dichos cursos en los centros públicos del Principado.
Para esta exposición nos basamos en el escrito que el señor Daniel Álvarez, director general de la Función Pública mandó a la consejería de Educación del Principado, de cuyo escrito extraemos las siguientes frases:
A partir del próximo 1 de enero de 2009 no se procederá a formalizar contratos de naturaleza laboral con trabajadores de la categoría de experto docente para la impartición de cursos formativos.
Se deberá concertar la docencia de los cursos formativos a través del régimen jurídico adecuado a tal fin, excluyendo como se ha dicho, la formación de relación laboral alguna.
La contratación administrativa de este tipo de prestaciones, debería formalizarse con la suficiente precisión técnica y llevarse a efecto con tal corrección que evitase la eventual reclamación por parte de los docentes del mismo de reconocimiento de relación laboral con la Administración o la existencia de cesión ilegal de trabajadores respecto de la empresa con la que se formalice la contratación.
Ante los desmanes que provocan estos señores y la utilización de métodos que ya teníamos olvidados, cercenando incluso los derechos sindicales al no contratar al compañero electo del comité de empresa, pensando que vivimos en una democracia, observamos que cuando se llega al poder se ejerce la mayor y más cruda dictadura, en la cual a los ciudadanos no nos queda más remedio que exponerlo a la opinión pública. No sólo luchamos por nuestros puestos de trabajo, luchamos porque siga existiendo una formación pública y que el gobierno sea el garante de la misma como no debe ser de otra forma.
Saludos compañeros seguiremos reindicando que la formación siga siendo pública.
Colectivo de expertos docentes.
