La formación para empleo desata la bronca política

La bronca entre el PP y el Gobierno volvió a hacerse evidente ayer y en esta ocasión fueron los recursos de formación para el empleo la causa de la disputa. Los diputados regionales del PP Emilio Rodríguez y José Ramón García Cañal denunciaron ayer que el retraso del inicio de los cursos de formación para el empleo en Asturias se debe al incumplimiento de la ley que establece las bases del concurso por parte del Gobierno regional.
Ambos parlamentarios comentaron en rueda de prensa que "la falta de cursos de empleo en la comunidad autónoma no se debe a errores administrativos, como ha dicho el Gobierno regional, sino al incumplimiento de la ley de subvenciones de 2003".
El motivo del retraso, según Emilio Rodríguez, "se debe a la exigencia de la Intervención General del Estado de que la convocatoria debe de ser pública tal y como establece la ley, de ahí la urgencia del Gobierno del Principado en adaptarse a la normativa, ya que en la mayoría de las ayudas la concesión que se ha realizado ha sido de carácter directo".
El consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre no tardó en salir al paso y aseguró tajantemente que el Gobierno regional cumple con la legalidad en lo relativo a la concesión de subvenciones para cursos de formación para el empleo: "Este Gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad en el tema de las subvenciones de los fondos de formación ocupacional" ya que "a partir de marzo de 2008 es cuando se hace obligatoria la concurrencia competitiva, y desde entonces nosotros cumplimos la ley".
Riopedre afirmó que "las obsesiones que tiene el Partido Popular con algunos responsables políticos y su pasado es su problema" en referencia a las acusaciones vertidas por diputados del PP contra Paloma Sainz, directora general de Formación de Empleo en 2003.El consejero reiteró que "desde 2003 nosotros cumplimos siempre la legalidad, antes de marzo de 2008 de una manera y después de otra, pero siempre dentro de la legalidad", recalcó el titular de Educación.

Noticia en La Voz de Asturias

El PP culpa a Paloma Sainz de los problemas con los fondos para formación

Los diputados regionales del Partido Popular (PP) Emilio Rodríguez y José Ramón García Cañal culparon ayer a Paloma Sainz, directora general de Empleo en 2003 y desde la elecciones locales de 2007 portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, de los problemas que existen con los fondos destinados a los cursos de formación para parados y trabajadores en activo. Debido a lo que el Gobierno asturiano considera «un error administrativo», la mayor parte de los cursos para desempleados sigue en el aire a la espera de que el Principado ponga en marcha las convocatorias de los fondos destinados a los cursos. Parados y profesores siguen a la espera. Pero para el PP, en palabras de ambos parlamentarios, «la falta de cursos de empleo en el Principado no se debe a errores administrativos, como ha dicho el Gobierno, sino al incumplimiento de la ley de subvenciones de 2003». Según Emilio Rodríguez, el retraso «se debe a la exigencia de la Intervención General del Estado de que la convocatoria debe ser pública tal y como establece la ley, de ahí la urgencia del Gobierno del Principado en adaptarse a la normativa, ya que en la mayoría de las subvenciones (con la que entidades, fundamentalmente privadas, financian los cursos) la concesión que se ha realizado ha sido de carácter directo». Desde 2003, según Rodríguez, gran parte de la concesión de los cursos se asignó «a dedo», lo que supone una ilegalidad en el cumplimiento de las bases durante seis años. Todo esto se resume, concluyen los diputados, en una situación de «opacidad y fraude de ley». Emilio Rodríguez y José Ramón García Cañal culparon directamente a Paloma Sainz, ya que «era la encargada de adaptar la ley a las subvenciones». De ahí que soliciten responsabilidades políticas a Sainz «por la grave situación creada». José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación, negó las acusaciones de la oposición conservadora. «Este Gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad en el asunto de las subvenciones de los fondos de formación ocupacional», ya que es a partir de marzo de 2008 «cuando es obligatoria la concurrencia competitiva».

Noticia en La Nueva España

El Principado adjudicó cursos de parados «a dedo» por 200 millones, según el PP

El Principado adjudicó «a dedo» cursos de formación para parados por importe de 200 millones de euros (más de treinta y tres mil millones de pesetas) en los últimos seis años, según aseguró ayer el grupo parlamentario del Partido Popular en la Junta. El consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, de quien depende la organización de estos cursos, lo desmintió rotundamente y aseguró que «cumplimos con la legalidad».
Los diputados regionales del PP Emilio Rodríguez y Ramón García Cañal afirmaron, en una rueda de prensa, que el Principado incumple desde el año 2003 la Ley de Subvenciones, en la que se señala que las concesiones de estas ayudas deben realizarse «por el procedimiento de concurrencia competitiva». Riopedre, sin embargo, mantiene que «a partir de marzo de 2008 es cuando se hace obligatoria la concurrencia competitiva y, desde entonces, nosotros cumplimos la ley».
Los cursos de formación a parados, la antigua formación ocupacional continua, se encuentran bloqueados en estos momentos por «un problema administrativo», según dijo un portavoz de la Consejería el pasado mes de febrero cuando este periódico hizo público el asunto por primera verz. El Principado aseguró posteriormente que los cursos se reanudarán a mediados de este mes.
La versión del PP dista mucho de la oficial. Según aseguró Emilio Rodríguez, «los cursos no están paralizados por errores administrativos sino por el incumplimiento sistemático de la ley. Lo que llaman error administrativo es, en realidad un fraude de ley en la organización de unos cursos que se nutren de fondos europeos».
«Mucho dinero»
Rodríguez y García Cañal explicaron que «en Asturias siempre hubo una opacidad total y falta de transparencia en la adjudicación de estas subvenciones millonarias, que superan los 60 millones de euros al año. Sin embargo, y al tratarse de ayudas europeas, el interventor general del Estado y no la interventora general del Principado, que da el visto bueno a todo, intervino y pidió al Gobierno regional que se atuviera a la legalidad». También explicaron que «la consejería de Educación hizo oídos sordos y trató de organizar los cursos de 2009 de nuevo por el viejo método, pero el día 20 de diciembre recibió una advertencia contundente del interventor y no tuvieron más remedio que ponerse a toda prisa a modificar el sistema. Por eso los cursos están ahora paralizados, algo que es escandaloso en una región con más de 73.000 parados».
Ramón García Cañal dijo que de los sesenta millones presupuestados al año, veinte están bien justificados. Son los destinados a formación ocupacional en los cuatro centros públicos del Principado, cuyos expertos docentes fueron los que destaparon el problema al quedar fuera del programa, (entre tres y cuatro millones) y, el resto, a subvenciones justificadas. García Cañal indicó que, «sin embargo, los cuarenta millones de euros restantes se gestionan con una opacidad total y absoluta a través de los llamados contratos programa, convenios, o adjudicaciones directas a dedo desde la Consejería, a las entidades que resulten agraciadas. Son 40 millones al año desde 2003 y eso es mucho dinero».
Sobre el destino de estas subvenciones, el diputado del PP no quiso profundizar en el asunto, aunque dijo que «no sólo van destinados a sindicatos y patronal, sino también a otros organismos, fundaciones y asociaciones que estamos investigando».
En todo caso, Cañal ironizó que «ahora nos explicamos por qué dicen que el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA) está tan bien engrasado».

Noticia en El Comercio